La Defensoría del Pueblo, la Casa de la Mujer, la Fiscalía de Santa Cruz, entre otras instituciones, hicieron conocer su preocupación por la situación que vive una niña de 11 años que producto de una violación está en gestación.
La niña que es de Yapacaní tiene un embarazo de 21 semanas de alto riesgo. La interrupción de la gestación estaba contemplada, empero un documento firmado por la madre frenó la intervención.
El viernes pasado, Mario Herbas, director de la Maternidad en Santa Cruz, confirmó a Red Uno que la menor tiene 21 semanas de embarazo y que todos sus signos vitales están estables, aunque aseguró que el embarazo de la niña es de alto riesgo debido a su temprana edad.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que se presionó a la niña de 11 años para que continúe con su embarazo, pese a que había expresado su voluntad de interrumpir su gestación.
Cruz calificó este hecho como “un caso flagrante de vulneración de derechos humanos” y aseguró que la menor no recibió la protección debida del Estado, el centro de salud donde se la atendía y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní.
“Lastimosamente, tenemos información de que en el centro de salud han sido permisivos a que entren grupos de la Iglesia, a que entren a conversar y poder generar una suerte de presión en contra de ella y contra la familia”, señaló Cruz.
La Defensora del Pueblo advirtió que este tema puede traer consecuencias legales: “Nosotros vamos a seguir investigando este caso y en casos parecidos hemos llegado a instaurar procesos penales contra las autoridades públicas que no han hecho su trabajo y en este caso corresponde”.
Miriam Suárez , abogada de la Casa de la Mujer, considera que el cuerpo de la niña de 11 años no está preparado para la gestación y agregó que ningún servidor público tiene derecho a decidir si la interrupción al embarazo se aplica o no. “Obligatoriamente debe aplicarse”.
Los Tiempos