Bolivia es uno de los países que cuenta con una normativa que permite que hombres y mujeres trans realicen el cambio de género. La Ley 807 promulgada el 21 de mayo de 2016 permite que, a través del cambio de nombre, dato de sexo e imagen, personas transexuales y transgénero puedan ejercer de forma plena su derecho a la identidad.
Sin embargo, la discriminación, la falta de capacitación del personal de las instituciones, la falta de normativa interna y la exclusión son algunos factores que dificultan la aplicación plena de esta ley.
Es un proceso que conlleva diferentes elementos y etapas para una persona que no se siente identificada con el género que tuvo desde el nacimiento. Algunas personas identifican esta situación a una corta edad, como es el caso de Rebeka Caba, quien menciona que a sus seis años cuestionaba por qué sus padres la vestían con ropa de hombre —el género con el que nació—, siendo que ella se sentía mujer.
“Siempre me atrajeron los vestidos. Yo empecé mi transición desde mis 15 años”, cuenta Rebeka.
Menciona que, a un inicio, su padre no aceptaba esta situación y que “consensuaron” que mantendría el sexo de nacimiento hasta que salga del colegio, esto para evitar la discriminación en el colegio.
Ya con la mayoría de edad, Rebeka decidió iniciar el trámite de cambio de género y, para aquello, acudió a la Red Trans de Bolivia (Trebol) para buscar apoyo.
“Es un trabajo coordinado que tenemos con las instituciones para brindar una atención adecuada, digna y correspondiente para que no se vea este tema del estigma y la discriminación en la población trans”, dijo Moira Andrade, representante de Trebol.
Han pasado seis años y hasta la fecha son varias personas que concluyeron el trámite, por lo que sus documentos cuentan con una nueva identidad. Éste es un procedimiento que desarrolla el Servicio de
Registro Cívico (Sereci) en cada ciudad, dando cumplimiento a la normativa.
Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas, esta institución efectivizó 512 trámites de cambio de identidad de género hasta abril de 2022.
El director del Sereci en Cochabamba, Carlos Herbas, mencionó que en la pasada gestión concluyeron 13 trámites; mientras que, en 2022, seis casos ya cuentan con la resolución administrativa y en este momento existe un trámite en curso.
Agregó que la institución trabaja “para que se garantice la identidad de una persona para que pueda ejercer sus derechos como todos, en igualdad de condiciones”.
Dificultades en el proceso
La Red Trebol identificó algunas dificultades dentro del procedimiento que significa el trámite de cambio de género.
Hasta hace un tiempo, la mayoría de los casos de personas que realizaban este trámite eran de mujeres trans; no obstante, poco a poco los hombres trans comienzan a tener mayor visibilidad en este proceso.
Al respecto, Moira Andrade explicó que “en el caso de hombres trans, algunos tienen sus bebés que tuvieron por diferentes causas”, por lo que aún trabajan en mejorar el procedimiento para estos casos.
Otro inconveniente que enfrenta este grupo es el constante cambio de personal en las instituciones involucradas en el trámite.
La Red Trebol y el Sereci tomaron cartas en el asunto para así facilitar el paso a paso de dicha gestión.
“Hemos ido trabajando con el Sereci y capacitando para que puedan tener la recepcionar los casos y el ingreso de los trámites de acuerdo a la Ley 807”, comentó Andrade.
Carlos Herbas explicó que en la institución dispusieron que exista una persona especializada para la atención de dicho proceso.
“Hemos designado a una persona específica para que realice estos trámites y ello también implica una alta sensibilidad por la connotación que tiene este trámite”, explicó .
Pero éste no es el único inconveniente que identifican las personas trans. La discriminación y marginación es constante en diferentes instituciones, por lo que los colectivos realizan capacitaciones y encuentros que permitan garantizar sus derechos.
Un ejemplo es el trabajo que realizan con la Policía Boliviana.
En el marco del programa “Alza tu voz: ejerce tu derecho de defender los derechos humanos”, en este caso de la población LGTBI, Moira Andrade explica que se coordinó con el Comando Departamental de la Policía “para tener una atención digna y recepción de denuncias de nuestra población”.
Los Tiempos