En una fecha emblemática como es el 28 de junio “Día Internacional del Orgullo LGBT+”, recordamos que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de reconocer y proteger a las familias diversas que existen y son parte de nuestra sociedad, lo contrario sería negar derechos a una parte de la población y convertirlos en ciudadanos de segunda clase, desconociendo los valores reconocidos en la Constitución Política del Estado y sobre los cuales se funda nuestro país además de incumplir obligaciones que nacen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La falta de protección y reconocimiento legal a las familias diversas tiene consecuencias que impactan de manera sumamente negativa en las vidas de sus miembros en diferentes situaciones como, por ejemplo, el fallecimiento de uno de los cónyuges deja en absoluta desprotección legal al otro. Es el caso de Leonel y Ronald en la ciudad de Cochabamba, que convivieron como pareja por más 22 años y al momento del fallecimiento de Ronald por Covid-19, Leonel se vio atacado por terceros ajenos a la pareja que tenían intenciones de acceder al patrimonio que con esfuerzo, trabajo y sacrificio habían construido a lo largo de su relación, sin ningún tipo de apoyo familiar.
Actualmente Leonel está luchando ante la justicia por el reconocimiento de esta unión y el proyecto de vida que emprendió como cualquier ciudadano junto a su pareja, y más que buscar beneficios económicos, el valor de su demanda, principalmente, es simbólica por aquello que juntos construyeron, sin renunciar por supuesto al derecho legítimo que tiene de poseer lo que por derecho le corresponde, es decir al patrimonio que adquirieron durante años de convivencia.
Leonel siempre recordará la increíble sensibilidad de Ronald y el talento que poseía para la gastronomía, sector de la economía en el que trabajaron y con el que sacaron adelante a su sobrina a quien criaron como hija, y quien en reiteradas oportunidades expresó su amor y apoyo incondicional a quienes consideró siempre su familia.
Al igual que en su caso, otras parejas a quienes se les negó sus derechos, también tuvieron que iniciar acciones legales para el reconocimiento de sus uniones libres en aplicación de los estándares internacionales de Derechos Humanos, en especial, la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que establece que “los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”.
En ese marco desde 2020 a la fecha tres parejas en Bolivia han logrado inscribir su unión libre en el Servicio de Registro Cívico- SERECÍ, otras más esperan que esta institución allane el camino para sus registros y que el Tribunal Constitucional Plurinacional que, actualmente, conoce uno de estos casos en revisión, establezca un precedente constitucional que dé certidumbre y seguridad jurídica a estas parejas y permita a otras acceder a este registro sin tener que enfrentar los mismos obstáculos.
Exigimos al Estado Boliviano cumpla con su obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y genérica sin discriminación y con igualdad de oportunidades, estableciendo medidas para reconocer y proteger los vínculos familiares que surgen de las parejas compuestas por personas del mismo sexo en igualdad de derechos y obligaciones como ocurre con las parejas heterosexuales.
Así mismo demandamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que emita normativa concordante con los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, en especial la Opinión Consultiva 24/2017 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al Tribunal Constitucional Plurinacional que adecue los fallos que emite considerando la jurisprudencia emanada por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
A las autoridades que imparten justicia, así como los servidores públicos en general, en todos sus niveles, tienen el deber de aplicar el estándar más alto de protección y garantizar protección legal a todas las familias, lo contrario sería faltar a sus obligaciones como garantes de derechos y actuar en contra de los valores y principios que promueve nuestro Estado como son la igualdad ante la Ley y la prohibición de toda forma de discriminación.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la sociedad civil acompañadas por la Defensoría del Pueblo estamos en constante vigilia ante la vulneración de los derechos de personas diversas y continuaremos fiscalizando y denunciando cualquier medida que implique el retroceso o menoscabo de derechos de la población.
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