Las dos bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) advirtieron al Poder Ejecutivo y al Movimiento al Socialismo (MAS) que si aplican el “decretazo” para la designación del Defensor del Pueblo, a futuro tendrá consecuencias jurídicas para el presidente del Estado, Luis Arce, por usurpación de funciones.
El diputado de Creemos Erwin Bazán advirtió que el fracaso en la quinta votación para la designación del Defensor del Pueblo fue una previa para que el oficialismo abra camino y que el presidente del Estado por decreto supremo designe a la nueva autoridad.
“El MAS con este teatro que hizo el día de hoy (jueves) al convocar a una Asamblea, está abriendo el paraguas para que el presidente Arce designe por decreto (al Defensor) cometiendo así una ilegalidad (…) a todas luces (…) que le va a traer consecuencias jurídicas”, advirtió Bazán.
El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, instaló la sesión para la designación del Defensor, pero ninguno de los siete finalistas obtuvo los 2/3 de votos que exige la Constitución Política del Estado, por esa razón se determinó un nuevo aplazamiento sin fecha.
Al finalizar la sesión, Choquehuanca subrayó que el proceso “aún está sujeto a lo determinado en la Resolución Constitucional 178/2022”, figura legal que ordena a los asambleístas a cumplir con la designación de la autoridad y reconoce a Nadia Cruz como la defensora del Pueblo interina.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, alertó que el tema del “decretazo” se encuentra en la parte considerativa de la Resolución Constitucional, y en caso de que el oficialismo acuda a esa figura cometerá delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones porque designar al Defensor es facultad de la Asamblea Legislativa.
“El presidente del Estado si quiere incurrir en delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes puede (aplicar el decretazo). Dependerá de él si lo quiere hacer, pero nadie puede usurpar atribuciones porque la competencia y la potestad es de la Asamblea”, puntualizó.
Minutos antes de que se reinstale la sesión de la ALP, el diputado del MAS Patricio Mendoza no descartó como última instancia aplicar la acción de cumplimiento para elegir a una nueva autoridad; es decir, por decreto supremo.
“(El decretazo) es la última instancia porque (la oposición) nos obliga a tomar decisiones de esa manera. Nosotros no presentamos la acción de cumplimiento, fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (paralela) y esa acción de cumplimiento se dio y ahora tenemos resoluciones que nos obligan, nos dan plazos; hoy tenemos que elegir y si no podemos, lo hace el presidente”, subrayó Mendoza.
Entre tanto, se observó posiciones divididas en el oficialismo, ya que el diputado Renán Cabezas aclaró que el Legislativo es el único que tiene que elegir por dos tercios de votos a la autoridad defensorial.
ANF