En al menos siete ocasiones, autoridades del Gobierno se pronunciaron sobre el caso Golpe II o adelantaron lo que iba a acontecer en esa causa, por la cual es procesada la expresidenta Jeanine Añez y exjefes militares y policiales. Ello, en contrasentido a la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe del GIEI, presentado en agosto de 2021, recomendó al Estado garantizar la independencia del sistema de justicia, “lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”.
Por otro lado, el informe de la visita a Bolivia de Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, indica que el caso Añez “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia”.
Las siete veces en que el Ejecutivo se pronunció sobre el caso Añez son: 1) El 29 de septiembre, el presidente Luis Arce, en una entrevista, dijo que Añez estará en prisión “hasta que la justicia dé su veredicto”. “Alguien tiene que responder por los 38 muertos”, manifestó. 2) El 9 de octubre de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que la exgobernante puede ser sentenciada a 12 años de prisión.
3) El 10 de enero de este año, el viceministro de Justicia, César Siles, calculó que la sentencia contra la exmandataria sería dictada hasta abril. 4) El 12 de enero, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, adelantó que en lapso de una semana se iniciaría el juicio oral contra Añez, cuando ninguna autoridad judicial se había referido al tema.
5) El 13 de febrero, el titular de Justicia advirtió que en el caso Golpe II no se iba a permitir impunidad y que se demostrará que hubo un “golpe de Estado”.
6) El 27 de mayo, Lima dio a conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó un recurso de la expresidenta. La defensa de Añez denunció que el anuncio se realizó sin que antes las partes fueran notificadas.
7) El 29 de mayo, Siles manifestó que se prevé para esta semana la sentencia del caso Golpe II.
El constitucionalista Israel Quino indicó que los ministerios de Justicia y Gobierno son partes procesales y tienen acceso a la información. Sin embargo, subrayó que las declaraciones de algunas autoridades provocaron una “coyuntura mediática” desfavorable para el Ejecutivo, lo que resulta contraproducente para la imagen del Gobierno.
“Hay declaraciones desaprensivas del poder político, que más que informar, generan una coyuntura mediática que les es desfavorable como estructura de Gobierno. Los pronunciamientos jurídicos deberían ser propios de las instituciones que administran justicia”, indicó.
El jurista señaló que los pronunciamientos de autoridades contribuyen a que parte de la población no vea el fondo del caso, el que Añez es juzgada por asumir la presidencia “sin respaldo legal y legítimo”.
El jurista y exalcalde Juan Del Granado manifestó que los procesos ordinarios contra la expresidenta son inconstitucionales, puesto que debería ser juzgada por los delitos que cometió durante su gestión, y no para saciar la “sed de venganza” del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“La causa principal tiene que ver con los delitos cometidos supuestamente durante la presidencia de la señora Añez. No pueden separarse hechos delictivos cuando era senadora y hechos delictivos supuestamente cometidos en su gobierno. El juicio a García Meza es un claro ejemplo, él fue juzgado en juicio de corte por los delitos cometidos antes del golpe de Estado y durante su administración”, sostuvo.
Del Granado enfatizó que con estos procesos ordinarios lo único que logra el Gobierno es que los casos Sacaba y Senkata queden en la impunidad, porque los juicios ordinarios no son por esos hechos; además, que muestra su injerencia en el litigio al mostrarse como portavoz del Órgano Judicial.
El diputado del MAS Héctor Arce descartó que haya injerencia del Ejecutivo. No obstante, dijo que algunas autoridades debieron ser más prudentes y no pronunciarse sobre este tema, porque le dieron argumentos a la defensa de Añez y a la oposición para argüir que este juicio es político.
“Se debió guardar cautela y prudencia para evitar que se diga que se está politizando el tema, era mejor que no se hable de este tema para que no se dé argumentos a la derecha, de que se manipula la justicia. Quizá a nivel político vamos a conversar ese tema para que se guarde cautela hasta la sentencia”, expresó.
Página Siete