El Ministerio Público en Potosí excluyó al gobernador de ese departamento, Jhonny Mamani, del proceso penal por la compra irregular de 41 ambulancias e imputó a tres exfuncionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), a quienes Mamani designó como parte de la Comisión de Calificación y Recepción para el proceso de compra de los vehículos.
El asambleísta departamental Jaime Flores, uno de los denunciantes de las ambulancias fantasmas que dio a conocer el caso, informó a Página Siete que la imputación fue contra los médicos Jorge Pablo Velarde Torrico y Carlos Alberto Aguirre Marino, además del informático David Favio Pozo Medrano, a quienes después del estallido del escándalo, Mamani los despidió de la Gobernación.
Flores dijo que hay molestia e indignación por esta resolución de la Fiscalía. “Estamos indignados como pueblo potosino y asqueados de cómo se maneja la política, que ha tendido un manto de impunidad para una de las autoridades que está implicada en este caso. Se imputa a funcionarios de mandos medios y no así a las autoridades responsables”, protestó.
El documento de imputación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Página Siete, dice textualmente: “El Ministerio Público cuenta con indicios suficientes para imputar a los ciudadanos Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Pozo Medrano (…) por la presunta comisión del ilícito penal de falsedad ideológica”.
En otra parte del documento, las fiscales que manejan el caso: Magaly Castro y Gabriela Quintana, solicitan aplicar “medidas cautelares personales” contra los tres imputados, tales como la obligación de presentarse ante el juez cuando la autoridad lo disponga, detención domiciliaria, prohibición de salir del país, entre otros. En la imputación no citan al gobernador Mamani.
¿Qué argumenta la Fiscalía para no procesar al gobernador de Potosí?, consultó este medio al legislador Flores, quien respondió: “El Ministerio Público guarda silencio con relación al gobernador y sólo se aboca a estos tres implicados y los imputa por falsedad ideológica”.
Denuncia
El caso por las 41 ambulancias fantasmas fue presentado por el asambleísta Flores, Roxana Graz, presidenta de Comcipo (Comité Cívico Potosinista), Lissa Claros, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), y Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
En ese documento inicial se identificó a Jhonny Mamani como principal acusado por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, uso de instrumento falsificado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Otra de las personas que denunció el caso, la asambleísta departamental Azucena Fuertes, observó que a pesar de un informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), que encontró indicios de responsabilidad del gobernador Mamani en la compra irregular y también pese al pedido de la Defensoría del Pueblo, que exigió transparencia en este caso, la Fiscalía “protege” las irregularidades.
“Los hechos nos demuestran que existe un velo de protección y de impunidad a los hechos irregulares, cuando éstos se cometen desde el Movimiento Al Socialismo por sus autoridades electas. Hay un velo de protección y de impunidad si éstos están pintados de azul”, afirmó Fuertes.
En enero de este año se conoció que la Gobernación de Potosí adquirió, mediante compra directa, un lote de 41 ambulancias que aún no habían llegado y surgieron varias denuncias contra Mamani, quien dijo ser “inocente” y atribuyó a “errores administrativos”, las irregularidades descubiertas en su administración.
Página Siete