Un fotógrafo debió huir de Nicaragua, el jefe de un periódico en Guatemala está preso y un portal en El Salvador, procesado. Todo luego de publicar informaciones incómodas para sus gobiernos en Centroamérica, donde el periodismo independiente atraviesa días difíciles.
Tras un año de ocupación policial, la semana pasada el local del diario La Prensa en Nicaragua quedó en poder del gobierno de Daniel Ortega, que acusó a Juan Lorenzo Holmann, gerente del casi centenario periódico, crítico de su gestión, de lavar dinero. El ejecutivo está preso desde 2021 y en abril fue condenado a nueve años de cárcel.
Es el mismo delito que la fiscalía guatemalteca, respaldada por el presidente Alejandro Giammattei, le imputa al titular de El Periódico, José Rubén Zamora, encarcelado hace un mes. “Lavado de dinero es cada vez una acusación más frecuente en Centroamérica” para procesar a periodistas, advirtió Carlos Dada, director del portal salvadoreño El Faro, también señalado de blanqueo de fondos.
El Faro ha denunciado negociaciones secretas del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas, a las que luego el mandatario declaró la guerra.
“La concentración de poder en las manos de regímenes autoritarios, cada vez más va consiguiendo silenciar a sus críticos y a la prensa independiente (…) el acoso es cada vez mayor”, aseguró Dada a la AFP.
Los acusados afirman que se trata de casos fabricados para callarlos. En Nicaragua y El Salvador, los gobernantes sostienen que estos medios son financiados desde el exterior para desestabilizar el país y los consideran opositores.
“La estrategia de ahogo a la prensa independiente, que se instaló en Cuba hace décadas y que fue impulsada en Venezuela y otros países de la región, fue perfeccionada en los últimos tiempos por el régimen” de Ortega, dijo en un reciente foro Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Y se va expandiendo. Durante el proceso electoral, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió contra medios que publicaron las sanciones que recibió por acoso sexual cuando fue funcionario del Banco Mundial, y que ahora informan sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña.
“Hablar de la prensa es como hablar de la fauna: hay rinocerontes, mapaches, ratas”, dijo.
En julio, Oscar Navarrete, fotógrafo de La Prensa, cubría la expulsión de Nicaragua de monjas de la Asociación de las Misioneras de la Caridad, de la congregación Madre Teresa de Calcuta, que el gobierno ilegalizó junto a otras 1.500 organizaciones. Acompañó el traslado de las religiosas por carretera hacia Costa Rica, hecho que el gobierno intentó mantener bajo sigilo. Cuando volvía a casa, fue alertado de que iban a detenerlo y se ocultó. Su vivienda fue allanada por la policía.“Se llevaron todos mis equipos (…), arrasaron con todo, una forma tan violenta que mi madre entró en shock”, relató Oscar, hoy exiliado en Costa Rica.
Zamora, presidente de El Periódico, acusa a Giammattei y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de armar un caso para encerrarlo.
Como parte de su arremetida contra agrupaciones delictivas, El Salvador aprobó una ley que pena con hasta 15 años de cárcel a quienes reproduzcan mensajes de pandillas. Precisamente, El Faro ha publicado testimonios de personas que se identificaron como pandilleros y admitieron negociaciones con Bukele, que niega los señalamientos.
Dada recordó que su celular y los de una veintena de trabajadores de El Faro fueron infectados por el software espía Pegasus, una tecnología que solo es vendida a agencias estatales. El gobierno rechazó estar detrás.
Honduras registra 97 asesinatos de comunicadores desde 2001, según el Comité por la Libre Expresión de ese país. La mayoría sigue impune.
Nueva ley mexicana
Reforma• La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso de México que en la próxima discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se impulse un debate “abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa”.
Riesgo La entidad señaló en un comunicado que la petición se produce ante la “falta de certezas” sobre las consecuencias de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios de radio y televisión en aspectos que inciden sobre la libertad de expresión. Además de la intromisión en los contenidos, que restaría independencia a los medios.
AFP