En la administración pública hay al menos 20 interinatos, entre los cuales está la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, el contralor general, Henry Ara, y el presidente del Servicio Nacional de Impuestos (SIN), Mario Cazón. Sin embargo, el Gobierno no está interesado en nombrar titulares en estos cargos, según asambleístas de la oposición.
Los legisladores señalaron que al Gobierno “no le interesa” institucionalizar los cargos jerárquicos en algunas reparticiones gubernamentales, porque prefiere a sus “allegados”, por tanto, le es más conveniente designar y mantener “interinos”.
Actualmente, la elección del defensor del Pueblo está empantanada y la interina, Nadia Cruz, está ejerciendo el cargo ilegalmente. En tanto, el mandato del contralor termina hoy y el proceso para la elección del titular recién empieza.
El diputado George Komadina explicó que la designación de interinos en diferentes cargos provoca el debilitamiento institucional del Estado.
“Los interinatos deberían ser la excepción y no la regla. El MAS ha hecho de la excepción la regla, ha mostrado que no le interesa institucionalizar los altos cargos, está demostrado en el caso de la elección del defensor y ahora lo está mostrando con la elección del contralor”, dijo Komadina.
En el caso del contralor, Henry Lucas Ara Pérez, su mandato concluye hoy, tras los seis años que ocupó ese cargo, desde el 1 de julio de 2016. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició con el proceso la recepción de la documentación hace una semana.
Los otros interinos están en entidades como el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Además, en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ya que, el pasado 29 de junio, el presidente Luis Arce posesionó a Marcelino Quispe, como nuevo presidente a.i. de esta entidad.
Control
También son interinos las cabezas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y otros.
Al respecto, el diputado Gonzalo Rodríguez dijo que con estos interinatos el gobierno busca el control absoluto de esas entidades, porque “un interino toma decisiones en función de lo que ordene el gobierno”.
“Cuando son interinos si quieren hacer algo para fiscalizar se frenan porque están poniendo en juego su cargo. En cambio, un titular designado por méritos tiene moral para enfrentar al gobierno”, dijo Rodríguez.
Una década con interinatos
Según el parágrafo 12 del artículo 169 de la Constitución Política del Estado, estas designaciones deben ser realizadas por el Presidente considerando ternas propuestas por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
El constitucionalista César Cabrera dijo que los interinatos no deberían sobrepasar los 90 días de mandato. Según el estatuto del funcionario público, pasado ese tiempo, sus actos pueden quedar nulos si se presenta un recuso directo de nulidad ante cualquier notificación de estas “autoridades prorrogadas ilegalmente”.
Una veintena de interinatos se designaron desde hace más de 10 años en las empresas estatales.
Los Tiempos