El nuevo gobierno de izquierda de Colombia radicó ayer ante el Congreso un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la inequidad, una de las más altas del continente.
El equipo económico del presidente Gustavo Petro presentó la reforma tributaria al Legislativo de mayoría oficialista, tras instalarse en el poder el domingo por un período de cuatro años. La iniciativa busca “fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva” y reducir las exenciones a “los más pudientes”, según un resumen oficial entregado a los medios de prensa.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.300 dólares) que representan el 2,4% de la población de 50 millones de habitantes. “El mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas” consideradas como los “ultraprivilegiados en el sistema tributario colombiano”, agregó la autoridad.
Ocampo añadió que esa propuesta se complementa con la de un impuesto al patrimonio a personas naturales que tengan más de 3.000 millones de pesos (unos 700 mil dólares), que se eleva al 1 % para los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos (unos 1,16 millones de dólares).
“El segundo es la lucha contra la elusión y la evasión tributaria, que son muy elevadas y combatir esas prácticas es muy importante”, añadió.
El ministro dijo que, según diversos estudios, por la elusión y la evasión el fisco pierde anualmente “entre 50 y 80 billones de pesos”, que equivalen a entre 11.590 y 18.570 millones de dólares por año.
“En materia de impuestos a las empresas también vamos a limitar varios beneficios tributarios y adicionalmente mejorar el régimen simple para capturar muchas más pequeñas empresas, un esfuerzo de formalización empresarial”, expresó.
El tercer punto de la reforma es “un impuesto, una contribución especial de los sectores de petróleo, carbón y oro, que son muy importantes en la exportación, para que parte de ese beneficio de altos precios internacionales se capture para el fisco nacional”, indicó.
“La tarifa efectiva de este impuesto será proporcional al tamaño del ciclo positivo de precios y a la ganancia extraordinaria generada por éste”, señala el texto presentado al Congreso.
La reforma incluye como cuarto elemento “el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos”, que va en sintonía con las propuestas del Ministerio de Salud por el impacto que su consumo tiene en la salud de los colombianos.
El quinto punto de la reforma es de carácter ambiental, denominado “impuesto al carbono”, que se amplía con el fin de “interiorizar de una manera más efectiva los costos sociales de la emisión de gases de efecto invernadero por el consumo de combustibles fósiles asociado al desarrollo de la actividad productiva del país”. “Paradójicamente el carbón estaba excluido del impuesto al carbono”, dijo Ocampo.
El texto presentado propone “modificar la base de este impuesto, gravando la venta, importación y retiro del carbón térmico, y manteniendo excluido el carbón que es utilizado en coquerías”, y aclara que este tributo sólo se aplicará para el consumo interno y excluye el carbón destinado a la exportación.
Con la reforma, el gobierno de Petro aspira percibir 25 billones de pesos para 2023 (273 milmillones de dólares), lo que equivale al 1,72% del PIB, y 50 billones para 2026 mediante una recaudación más efectiva.
Según el Ejecutivo, los ingresos tributarios representan hoy el 13% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica (14,8%).
Petro llegó al poder con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
Sin embargo, recibe unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal estimado del 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
En 2021, el gobierno de Iván Duque intentó gravar a la clase media para hacer frente a los estragos de la crisis sanitaria, lo que desató violentas protestas que se extendieron por dos meses y dejaron 46 muertos, entre civiles y policías, según la ONU.
Plan de gobierno
“La reforma obedece al criterio superior de lograr tener los recursos necesarios para poder implementar el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Según indicó Prada, el presidente Petro ha dicho que este proyecto de ley es “prioritario” para el nuevo Gobierno, para la bancada del Pacto Histórico -bloque oficialista-, y para los partidos que forman la coalición en el poder. Se trata de la primera medida del nuevo Gobierno.
AFP