Luego de conocerse una carta presuntamente redactada por el exministro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, en la que ofrece ser extraditado a Bolivia a cambio de que la expresidenta se defienda en libertad y que el coronel Maximiliano Dávila sea entregado a Estados Unidos, analistas aseguran que estas demandas son políticas y su cumplimiento no depende sólo del Gobierno.
En tanto, algunos políticos afines al Gobierno señalan que no se debe tomar en cuenta la postura de un “prófugo de la justicia boliviana” que está detenido en EEUU a la espera de un proceso por “lavado de dinero y sobornos”.
Para el abogado constitucionalista Julio Veizaga, Murillo “no puede condicionar su extradición ni pedir que liberen a la señora Jeanine (Áñez), es una propuesta política. Ese señor está fuera de foco, la justicia norteamericana tiene sus reglas y la boliviana también, ese pedido no es procedente”.
En tanto, para el abogado constitucionalista César Cabrera, Murillo se excede pidiendo dos condiciones “casi imposibles” de cumplir para el Estado boliviano, porque la libertad de la exmandataria depende de un juez y no del Gobierno, y la extradición de Dávila podría afectar al Gobierno actual y a la del expresidente Evo Morales.
“Si ingresamos en eso que diariamente el Gobierno señala que la justicia es independiente, imparcial y que no se entrometen, un juez tendría que ser quien decida si (Áñez) se va a defender en libertad. El segundo pedido es más complejo, porque Maximiliano Dávila podría decir muchas cosas que podrían afectar al Gobierno actual y al del expresidente Morales”, dijo Cabrera.
Sin embargo, la postura del asambleísta por el MAS en Cochabamba Sergio de la Zerda, es que “no se debe tomar en cuenta las disparatadas posturas de un prófugo de la justicia boliviana” que tiene cuentas pendientes con el Estado y está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos.
“Lo interesante de la carta es que Murillo, delincuente y criminal prófugo de la justicia boliviana, ratifica dos certezas que ahora la derecha no acepta. Primero, que el régimen de facto sabía que tenía cuentas pendientes, por eso él huyó antes del cambio de gobierno y, como ahora lo revela, pidió a Áñez que haga lo mismo”, dijo De la Zerda.
El diputado de la bancada de Creemos Erwin Bazán dijo que la propuesta del excolaborador de Áñez puso el dedo en la llaga, porque si el exjefe antidroga Dávila es extraditado a EEUU podría proporcionar datos sobre vínculos de narcotráfico del expresidente Evo Morales.
Recordó que la DEA (por sus siglas en inglés) ofreció $us 5 millones por información que vincule a Dávila con el narcotráfico, no necesariamente por el exjefe antidroga, sino por Morales.
El asambleísta Rodrigo Valdivia indicó que el Gobierno no aceptará el cambio Dávila por Murillo, porque quieren esconder los vínculos del expresidente con el narcotráfico.
Murillo está preso en EEUU por soborno y lavado.
Era oportuno hace meses
La abogada de Jeanine Áñez, Norka Cuéllar, señaló que la iniciativa del exministro era oportuna hace dos o tres meses.
“Lo de Murillo no deja de ser una buena intención. Hubiera sido oportuno que lo hubiera manifestado hace dos o tres meses atrás”, dijo Cuéllar a la red Erbol.
En la carta Murillo afirmó que Áñez “tuvo la valentía de asumir el rol que la historia le dio” y que lo mínimo que podría hacer ahora es poner su vida a disposición de la expresidenta.
La propuesta de Murillo se conoció en la recta final del juicio por el caso denominado “golpe II”.
Los Tiempos