Después de que un tribunal de Tarija rechazó la acción popular en defensa de Tariquía y ante el inminente avance de las petroleras en esta reserva natural, dos legisladoras de oposición anunciaron que acudirán a instancias internacionales para evitar que se vulneren convenios y se produzcan impactos que podrían afectar también a otros países.
«Queda claro que la justicia está controlada por el MAS, por eso trabajamos en medidas internacionales», manifestó ayer la diputada de Comunidad Ciudadana por Tarija, Luciana Campero.
La legisladora acotó que, antes de esta última acción —que fue rechazada—, otros grupos presentaron también otras que tuvieron el mismo resultado, por lo que se tiene poca esperanza en los operadores de justicia del país. «Acudiremos a la ONU, a organismos que velan por el medioambiente y llegar a la Corte Internacional de la Haya», dijo.
Las empresas YPFB Chaco y Servipetrol ya están trabajando en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía para realizar exploración hidrocarburífera. Esto generaría alto impactos en el medioambiente, en el área protegida, pero también en las zonas circundantes, señalan ambientalistas que se oponen a la actividad extractiva.
La presidenta de la Comisión de Medioambiente del Senado, Cecilia Requena, indicó que en Argentina ya había preocupación por la contaminación que se genere en afluentes bolivianos que se dirigen hacia el sur.
«A raíz de la represa Carrizal ya había preocupación de Argentina por la contaminación que se pueda generar en la Cuenca de El Plata, del cual el río Bermejo es parte y sería afectado por la actividad hidrocarburífera», afirmó.
Por ello señaló que «es importante hacer gestión binacional, nacional e internacional».
La diputada Campero señaló que se busca establecer contacto con asambleístas de Argentina que puedan pronunciarse al respecto.
Acotó que los convenios internacionales y la normativa nacional obliga al Gobierno a difundir información sobre el impacto ambiental que se generará en áreas protegidas a partir de actividades económicas. Sin embargo, dijo que esto no se cumple.
Hasta el momento, ni YPFB Chaco ni Servipetrol han contestado ninguna de las preguntas enviadas por Los Tiempos para conocer sobre las actividades que se generan en esta región, así como su posición sobre las denuncias de vulneración ambiental.
La semana pasada, una comisión legislativa viajó al lugar y constató que ambas empresas ya están dentro el parque nacional, al cual ingresan con autorización de del Sernap.
Áreas protegidas están sin protección
El Gobierno no sólo permite y promueve actividades extractivas dentro de la Reserva de Tariquía, sino también en otras áreas protegidas, alertó el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), citando una publicación de El Deber.
Recientemente se ha denunciado la masiva incursión de mineros auríferos al Parque Nacional Madidi (La Paz), esto con aval de las entidades gubernamentales que deberían evitar que esto ocurra.
La laguna Concepción, en Santa Cruz, es afectada por la agroindustria y la deforestación; los parques nacionales Isiboro Sécure y Noel Kempf Mercado son víctimas del narcotráfico; el Área Natural San Matías lo es de la minería.
Los Tiempos